Editorial de El Universal, 12 de febrero de 1990

Los medios de comunicación del país han coincidido en denunciar ante la opinión pública la obsolescencia de la Empresa Puertos de Colombia y en solicitar de manera apremiante la reforma del ente administrativo que regula la actividad portuaria o su disolución, para dar paso a otro organismo en el que debería tener participación activa el sector privado. Quizá se esté exagerando un poco cuando se compara a Puertos de Colombia con Ferrocarriles Nacionales, o cuando se asegura que, de seguir las cosas como van, el desastre financiero de la empresa es inevitable y a corto plazo.

A través de muchos años de insensatez acumulada, de una falta de estímulo que es muy propia de los monopolios, y de un paternalismo desenfrenado, se ha logrado hacer de Puertos de Colombia un organismo caro, inseguro e ineficaz. Cambiar esta desnuda verdad, modificar la orientación politizada que el propio Estado le ha impreso, es una tarea difícil de poner en práctica, pero no imposible de realizar, si se dispone del sano propósito de hacerlo.

Al respecto se han dado algunos pasos tendientes a la privatización parcial de los servicios portuarios del país. La construcción del nuevo muelle de contenedores de Flota Mercante Grancolombiana y la creación de dos puertos privados cerca de Santa Marta para el manejo de graneles, son hechos de señalada importancia, que obligarán a Puertos de Colombia a sus directivos y a su fuerza laboral a entrar en una fase de competencia, en la que los buenos servicios y unos costos razonables serán factores determinantes para la subsistencia de unos y otros.

Algunos directivos sindicales desactualizados probablemente mirarán con desdén las posibilidades de entrar a competir en un campo donde antes eran actores exclusivos. Vemos con mucha simpatía las conquistas sociales logradas después de muchas luchas y de muchos años de paciente espera. En especial nos identificamos con los planes de protección a las familias de los trabajadores, con la educación, los proyectos de vivienda y la estabilidad laboral.

Sin embargo, no podemos comulgar con algunas torcidas “conquistas”, que van encaminadas al beneficio de unos pocos en detrimento de los más. Las canonjías; el reparto generoso de viáticos y pasajes aéreos con cualquier pretexto; el ocio remunerado para los incondicionales de determinadas esferas; la participación en cursos a los que no se asiste, son prácticas que necesariamente se deben condenar.

Hemos leído con agrado una reciente circular, suscrita por el director de operaciones del terminal de Cartagena, dirigida a todos los trabajadores del área operativa. En dicha circular enfoca de manera desapasionada la realidad del momento e invita a los trabajadores a afrontarla, no por la vía de los paros de protesta, de las huelgas o de las marchas que intranquilizan la vida nacional.

De manera pragmática, el funcionario acepta como hechos cumplidos la construcción del nuevo muelle de contenedores y la autorización de los dos puertos privados cerca de Santa Marta para manejo de graneles. La política que se debe seguir, según él, es la de competir en buena lid y tratar de conservar la clientela a base de buenos servicios de eficiencia y de seguridad.

En la última parte de su circular a los trabajadores portuarios, el director de operaciones dice: “Finalmente, si estos nuevos puertos dan resultado y nosotros persistimos en antiquísimos vicios, la presión de los gremios será mucho mayor, con tendencia a que desaparezca la Empresa Puertos de Colombia como entidad rectora de la vida portuaria nacional, y la creación de un nuevo ente administrativo, orientado hacia la privatización, primero parcial y luego total.

Si, por el contrario, nos proponemos hacer de nuestra empresa un organismo ágil, un organismo eficiente, un organismo seguro y, en suma, una entidad competitiva, podríamos luchar con ahínco y vencer en buena lid. ¡No lo dudemos!”.

A estos sanos planteamientos nos permitimos agregar que no solamente a las organizaciones sindicales debe pedírseles su contribución en un propósito que debe ser común. Hay que tratar a toda costa de eliminar los gastos superfluos, alejar a la empresa de los veleidosos avatares de la politiquería, revisar el contrato con la Policía Nacional, para hacer de la seguridad y de la vigilancia unos mecanismos ágiles y eficientes, congelar seriamente la planta de personal, hasta dejarla a nivel acorde con las necesidades de trabajo.

Si, a base de estudios técnicos confiables, se llega a la conclusión de que algunos servicios tienen que prestarse a través de contratistas privados, debe eliminarse de la planta el personal que resulte ocioso o tratar de absorberlo por conducto de otras áreas.

Del estatuto tarifario deben revisarse los rubros desestabilizados, tales como algunos que están calculados en pesos para convertirlos en dólares. Pero, en general, en esta materia debe procederse con mucho tino, porque elevarlo encarecería más todavía los costos de operación de cargue, descargue, atraque, desatraque, y los demás complementarios. Lo procedente es buscar y hallar los mecanismos que permitan a los terminales marítimos ser más eficientes, lo cual abarataría, sin causar traumas financieros, los servicios portuarios, como lo solicitan los usuarios.

Finalmente, consideramos de elemental justicia que los terminales marítimos se hagan partícipes de los beneficios económicos que se derivan del cobro por actividades en los muelles privados de las respectivas zonas portuarias. Sobre todo si se tiene en cuenta que los servicios prestados a los buques y a los concesionarios se ejecutan con personal de la nómina del puerto terminal respectivo.